Iglesia califica de nefasto al proyecto proaborto

Monseñor Gualberti fue duro en su homilía sobre nuevas excepciones a la despenalización del aborto. Tomasa Yarhui pide voto nominal y públic...

Monseñor Gualberti fue duro en su homilía sobre nuevas excepciones a la despenalización del aborto. Tomasa Yarhui pide voto nominal y público para identificar a “asambleístas aborteros”.
El proyecto de ley que pretende modificar el actual Código Penal y que plantea nuevas excepciones para la despenalización del aborto (hasta ahora solo se permite a las mujeres interrumpir su embarazo por delitos de violación, incesto y peligro de vida de la madre) ya está en la Comisión de Constitución de Diputados y la Iglesia católica ha calificando de nefasto este proyecto que, según el arzobispo de Santa Cruz, Sergio Gualberti, facilita el aborto. Los analistas piensan que es un esfuerzo interesante, pero temen que no salga del papel.

En la homilía de ayer, Gualberti denunció: “Hay un proyecto de ley en el que, contradiciendo el derecho a la protección a la vida, consignado en la Constitución, se pretende introducir más causales para la despenalización del aborto; como la pobreza, como si se resolviera la pobreza eliminando a los pobres e indefensos como son los niños por nacer”.
Ante este tema que atañe a la vida subrayó que “es indispensable que los parlamentarios actúen en conciencia y delante de Dios y no con base a consignas y otros intereses y que se opongan firmemente a la aprobación de estas leyes nefastas”.  

Sobre el tema, la ex candidata vicepresidencial Tomasa Yarhui anunció que cuando la Asamblea Legislativa trate el artículo 157 referido al aborto, la bancada del Partido Demócrata Cristiano (PDC) pedirá el “voto nominal y público para conocer a los asambleístas aborteros que aprueben las facilidades de practicar ese delito”.

El senador oficialista José Gonzales pidió tomar en cuenta que con el actual Código Penal varias mujeres son forzadas a acudir a consultorios de “mala muerte” para interrumpir su embarazo y someterse a intervenciones que pueden terminar con su vida o provocarles daños irreversibles. “Este debate recién comienza y no se debe escapar de él. La discusión sobre el aborto debe ser inteligente, razonable y tomando en cuenta la realidad”.

Para Greta Vargas, de Mujeres Creando, estas modificaciones no son suficientes. Cree que se debería eliminar la pena al aborto para que no sea considerado un delito. “El proyecto solo aprueba el aborto en ciertas condiciones, cuando la decisión de abortar solo corresponde a las mujeres, no puede su decisión estar mediatizada a un juez o a un policía. Queremos que cualquiera pueda dirigirse a un centro público sin estar expuesta a prejuicios. ¿Por qué pasar por el ojo de una tercera persona que puede ser machista o prejuiciosa?”, cuestionó.

El proyecto de ley del Código del Sistema Penal plantea nueve excepciones para la despenalización del aborto. Y esta nueva norma difiere del actual Código Penal, que considera el mismo un delito que es castigado con hasta seis años de prisión.

De aprobarse las nuevas causales, las mujeres de escasos recursos económicos o en situación de pobreza tendrán el derecho de abortar. También será aceptado todo aborto que se realice para prevenir un riesgo presente o futuro para la salud de la mujer embarazada, se detecten malformaciones fetales incompatibles con la vida, el embarazo sea consecuencia de violación o incesto; o la embarazada sea niña o adolescente.
Otras novedades de la ley
También se han establecido delitos relacionados con castigar, incluso con la inhabilitación del ejercicio de su profesión a los médicos y con cárcel, a las personas que interfieran en la salud reproductiva.
Por ejemplo, castiga de tres a 10 años de prisión a quien  prive de función reproductiva a una persona con discapacidad intelectual severa. El proyecto de ley estipula también que quien, con finalidad distinta a la terapéutica o a la reproducción asistida, manipule genes humanos de manera que se altere el genotipo será sancionado con un mínimo de una multa sancionadora de 401 días o de prestación de trabajo de utilidad pública de 36 semanas, hasta un máximo de cuatro años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo. 

En el mismo sentido, refiere también que la persona que practique a otra reproducción asistida sin su consentimiento, será sancionada con un mínimo de una multa de 401 días o de prestación de trabajo de utilidad pública de 36 semanas, hasta un máximo de cuatro años de prisión, e inhabilitación para el ejercicio de la profesión e cinco  a 10 años. 

El analista Ludwig Valverde reclama más participación de organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos ciudadanos. “Conocer su criterio es favorable para la legitimidad de lo que será esta norma”  
ff//EL DEBER

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